Autor: Vittorio Messori
Prefacio del cardenal Giacomo Biffi, arzobispo de Bolonia
Traducción de Stefania Maria Ciminelli, Celia Filipetto y Juana María Furió
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33. Cristianos y nazis/1
34. Cristianos y nazis/2
35. ¡Dale al católico!
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>>LEYENDAS NEGRAS DE LA IGLESIA<<
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32. En los tiempos de la esvástica
Aquí todo está fuera de sospecha. Laterza, el editor italiano, es «de izquierdas» (si es que esta palabra todavía quiere decir algo). Pese a su juventud, el autor posee ya una sólida reputación académica e incluso su nombre —Rainer Zitelmann— parece sugerir un origen judío. Por consiguiente, su ensayo, Hitler, no guarda ningún parentesco con la semiclandestina propaganda «revisionista». Éste es otro de los motivos que hacen insólita su lectura, recomendable para el lector que busque objetividad.
Zitelmann nació en 1957, es decir, doce años después de la muerte del personaje al que ha dedicado sus investigaciones desde que se licenció en Historia. Así, estas algo más de doscientas densas páginas dedicadas a Hitler son uno de los primeros frutos del trabajo de una generación libre de recuerdos y de los subsiguientes condicionamientos personales.
En este libro pueden encontrarse párrafos sorprendentes, como este que reproducimos textualmente: «El objetivo de las disposiciones económicas antisemitas era obligar a los judíos a abandonar Alemania. Para este propósito se aunaron los esfuerzos tanto de los nacionalsocialistas como de los sionistas. Ya en 1933 se había iniciado una colaboración entre los organismos oficiales alemanes (Gestapo incluida) y los hebreos, con el fin de favorecer la emigración fuera de Alemania de la población judía. En efecto, en los cinco años comprendidos entre 1933 y 1937, abandonaron Alemania unos 130.000 judíos, de los cuales 38 400 hallaron refugio en la nueva patria palestina.”
Aquí tenemos una buena prueba de la manipulación de la verdad, practicada durante casi medio siglo. Al ofrecernos esta noticia de una colaboración entre nazis y sionistas (los unos tratando de librarse de los judíos, los otros interesados en su expulsión para dar forma al sueño del nuevo Israel en un territorio que llevaba siglos siendo árabe), Zitelmann no nos revela el resultado de descubrimientos en archivos secretos.
La colaboración entre la esvástica y la estrella de David se realizó a la luz del día y hasta los periódicos de la época hablaron de ella. Pero nosotros, que no vivíamos entonces y no podíamos leer esos periódicos, no hemos sabido nada porque los historiadores siempre han ocultado ese embarazoso tema sin darnos ninguna explicación.
Veamos cómo prosigue el joven historiador: «El que el número de emigrados judíos no haya sido superior se debió, por una parte, a la aplicación cada vez más restrictiva que realizaban numerosas naciones de las disposiciones referidas a las migraciones judías; y, por otra parte, a la actitud de numerosos judíos alemanes, que siguieron haciéndose ilusiones sobre el régimen nazi hasta los últimos meses de 1937. Un ejemplo de ello es «la llamada a los judíos de Alemania» lanzada a finales de diciembre de 1937 por la Delegación Nacional de los Judíos Alemanes, en la que se invitaba a la población judía a «no dejarse llevar por injustificados sentimientos de pánico».”
Son dos noticias largamente silenciadas. En primer lugar, el antisemitismo nazi no se topó con una oleada de solidaridad internacional, por el contrario, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, es decir, los países con las mayores comunidades hebreas (cuyas protestas, cuando las hubo, fueron más bien débiles y rápidamente reprimidas), cerraron las puertas en las narices a los israelitas que salían de Alemania. ¿Fue éste otro de los efectos de la política del poderoso movimiento sionista, que pretendía oponer a toda costa el mayor número de judíos a los árabes de Palestina, obligando a cerrar cualquier otra vía a los exiliados? Para responder a una pregunta de ese cariz conviene no olvidar los tratados de posguerra (éstos sí que fueron en gran parte secretos) entre Israel y la Unión Soviética, para sacar a los judíos de las fronteras soviéticas y desviarlos directamente y sin escalas a Tel-Aviv. A dichos acuerdos se debe que los aviones rusos no aterrizaran en Viena como de costumbre, ya que, al llegar allí, muchos judíos se negaban a proseguir el viaje hasta Israel.
La noticia de la perseverante ilusión de los judíos alemanes acerca de las intenciones del nazismo puede ser útil en el momento de valorar la airada polémica contra la Iglesia católica por el acuerdo alcanzado con Hitler. La firma de dicho documento es de julio de 1933, cuando el régimen aún no había mostrado del todo sus cartas. ¡Incluso cuatro años y medio después, los propios judíos alemanes juzgaban «injustificado» el alarmismo excesivo!
Pero el 21 de marzo de aquel 1937, en las 11.500 parroquias católicas del Reich se leyó la Mit brennender Sorge en la que Pío XI, «con ardiente preocupación», denunciaba «el calvario» de la Iglesia y desenmascaraba el carácter anticristiano del régimen, incluyendo las teorías raciales. Para citar a Zitelmann, «la furia de Hitler contra la Iglesia romana se desencadenó ya sin freno». Goebbels anotó en su diario: «Ahora, los curas tendrán que aprender a conocer nuestra dureza, nuestro rigor y nuestra inflexibilidad.”
En resumen, también en lo referente a la «resistencia» contra la tela de araña nazi, habrá que revisar muchas de las cosas que se nos han dicho hasta ahora.
Volviendo a las desconcertantes relaciones entre nazismo y sionismo, en el mismo libro se informa de la «entusiasta aprobación de Hitler» a la decisión de su ministro de Economía: confiar a un «Comité de Responsables» todo el patrimonio de los judíos alemanes. Hay que señalar que los registrados como «trabajadores» no eran demasiados, unos 240.000, pero poseían la enorme suma de seis mil millones de marcos (o sea, el equivalente del gasto sostenido posteriormente para el rearme del Reich). Con el fondo constituido con aquellos bienes, cualquier judío que deseara emigrar podía extraer lo necesario para reconstruir su vida en el extranjero.
Con la satisfacción de Hitler —y aquí viene la sorpresa— pero también, como dice el historiador, de «las organizaciones asistenciales judías de América e Inglaterra, que decidieron aceptar el plan alemán en sus puntos principales». Los tratados continuaron hasta el otoño de 1939, es decir, hasta la guerra. Pero, todavía en 1941, a través de la embajada alemana en Ankara, al menos una parte del movimiento sionista proponía a Berlín un acuerdo entre el Tercer Reich y la República en ciernes de Israel para el dominio de Oriente Medio.
En efecto, la «verdadera» historia no cesa de cuestionar nuestros esquemas, siempre henchidos de maniqueísmo.
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A cien años del nacimiento de Hitler, queremos hacer una puntualización. Está dedicada a aquellos católicos que sólo entonan el mea culpa en respuesta al viejo coro de acusaciones, como si la Iglesia fuera la responsable de aquel cristiano austriaco.
Pero la verdad es ésta: en mayor o menor medida, todos comparten la responsabilidad de lo acaecido entre 1933 y 1945. Sin embargo, si Alemania hubiera sido católica, no habría responsabilidades que echarse en cara: el nacionalsocialismo habría seguido siendo una facción política impotente y folclórica.
Primero fueron Lutero y sus sucesores y luego, en el siglo XIX, Otto von Bismarck, quienes intentaron, con toda la violencia a su alcance, desterrar de Alemania el catolicismo, considerado como una sumisión a Roma indigna de un buen patriota alemán. El «Canciller de Hierro» definió su persecución de los católicos como Kulturkamp, «lucha por la civilización », con el fin de separarlos por la fuerza del papado «extranjero y supersticioso» y hacerlos confluir en una activa Iglesia nacional, al igual que pretendían los luteranos desde siglos atrás. No lo consiguió y al final fue él quien se vio obligado a ceder (sin embargo, la fidelidad a Roma fue hasta 1918 una deshonra que impedía el ascenso a los altos escalafones del Estado y del Ejército).
Después de la Reforma luterana, sólo un tercio de los alemanes siguió siendo católico. Hitler no llegó al poder mediante un golpe de Estado, lo hizo con toda legalidad, mediante el democrático método de elecciones libres. No obstante, en ninguna de aquellas elecciones obtuvo mayoría en los Länder católicos, los cuales, obedientes (entonces lo eran…)
a las indicaciones de la jerarquía, votaron unidos, como siempre, por su partido, el glorioso Zentrum, que ya había desafiado victoriosamente a Bismarck y que también se opuso a Hitler hasta el último momento.
Y esto fue (dato que se olvida pronto), lo que no hicieron los comunistas, para quienes, hasta 1933, el enemigo principal no era el nazismo, sino la «herética» socialdemocracia. Se ha hecho todo lo posible para que olvidemos que Hitler nunca habría desencadenado la guerra sin la alianza con la Unión Soviética que, en 1939, bajó al campo de batalla con los nazis para dividirse Polonia. Y fueron los soviéticos quienes, al librar a Hitler de la amenaza del doble frente, le permitieron llegar hasta París, después de conquistar Varsovia. Hasta la «traición» de Hitler en el verano de 1941, las materias primas rusas sostuvieron el esfuerzo germano durante sus buenos veintidós meses. Los motores de los carros de combate nazis del Blitz en Polonia y en Francia y los aviones de la batalla de Inglaterra rodaron con el petróleo de la soviética Bakú. Hasta esa fecha, en los países ocupados, como Francia, los comunistas locales obedecían las directrices de Moscú y estaban de parte de los nazis, no de la resistencia.
Sirvan estos hechos por las décadas de alardes de «importantes méritos antifascistas» del comunismo internacional, tan predispuesto a definir a los católicos (los «clérigo-fascistas») de encubridores de la gran tragedia. No son méritos los que ostentan los comunistas sino responsabilidades gravísimas. Al nazismo no lo venció de ningún modo la iniciativa de Stalin, quien, por el contrario, se sintió traicionado por el ataque imprevisto de la aliada Berlín. Lo venció la resistencia, de cuyos méritos intentó luego apropiarse el marxismo, tras una decisión tardía y obligada por el revés alemán.
El nazismo cayó gracias a la obstinación de Inglaterra, que consiguió atraer tras de sí a la potencia industrial americana y que, de acuerdo con su política tradicional más que por motivos ideales (el propio Churchill había sido admirador de Mussolini y tuvo palabras de aprecio y elogio para Hitler; además, el partido fascista local recogía simpatía y apoyo en la isla), nunca había soportado la existencia de una potencia hegemónica en la Europa continental. Así había ocurrido con Napoleón y la entrada en la guerra de 1914: ésta no fue una guerra de principios sino de estrategia imperial. A principios de siglo, la Gran Bretaña victoriana no había mostrado intenciones y procedimientos muy distintos de los de la Alemania hitleriana contra los bóers sudafricanos. Por desgracia, en política (y en la guerra, que es su continuación), no existen los paladines de ideal inmaculado.
Volviendo al ascenso de Hitler, recordaremos que, también en las decisivas elecciones de marzo de 1933, los Länder protestantes le proporcionaron la mayoría, pero las zonas católicas lo mantuvieron en minoría. El presidente Hindenburg, respetando la voluntad de la mayoría de los electores, confió la cancillería a aquel austriaco de cuarenta y cuatro años, de orígenes oscuros (quizás parcialmente judío, según algunos historiadores). El 21 de marzo, día de la primera sesión del Parlamento del Tercer Reich, Goebbels proclamó el «Día de la Revancha Nacional». Las solemnes ceremonias se abrieron con un servicio religioso en el templo luterano de Postdam, antigua residencia prusiana.
Joachin Fest, el biógrafo de Hitler, escribe: «Los diputados del católico Zentrum tenían permiso para entrar en el servicio religioso (luterano) de la iglesia de los santos Pedro y Pablo sólo por una puerta lateral, en señal de escarnio y venganza. Hitler y los jerarcas nazis no se presentaron «a causa —dijeron— de la actitud hostil del obispado católico».» La famosa foto de Hindenburg estrechando la mano de un Hitler vestido con casaca se realizó en los escalones del templo protestante.
«Inmediatamente después —escribe Fest— el órgano entonó el himno de Lutero: Nun danket alle Gott, y que ahora todos alaben a Dios.» Era el principio de una tragedia que vería el asesinato de cuatro mil sacerdotes y religiosos católicos, por el mero hecho de serlo.
Desde 1930, en la Iglesia luterana los Deutschen Christen (los Cristianos Alemanes) se habían organizado siguiendo el modelo del partido nazi en la «Iglesia del Reich» que sólo aceptaba a bautizados «arios».
Después de las elecciones de 1933, Martin Niemoller, el teólogo que luego se pasó a la oposición, «en nombre —escribió— de más de dos mil quinientos pastores luteranos no pertenecientes a la «Iglesia del Reich»», envió un telegrama a Hitler: «Saludamos a nuestro «Führer», dando gracias por la viril acción y las claras palabras que han devuelto el honor a Alemania.
Nosotros, pastores evangélicos, aseguramos fidelidad absoluta y encendidas plegarias.”
Se trata de una larga y penosa historia que, también en julio de 1944, tras el fallido atentado a Hitler, mientras lo que quedaba de la Iglesia católica alemana guardaba un profundo silencio, los jefes de la Iglesia luterana enviaban otro telegrama: «En todos nuestros templos se expresa en la oración de hoy la gratitud por la benigna protección de Dios y su visible salvaguarda.» Una pasividad, que, como veremos, no fue casual.
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La historia no perdona. Tal vez deje que pasen los siglos, pero a la larga no se olvida de nadie, llevando la luz a todos los rincones. En este tout se tient, todo encaja, incluida la relación directa entre la reforma luterana y la docilidad alemana frente al ascenso del nacionalsocialismo, por un lado, y, por el otro, la fidelidad absoluta al régimen hasta el fin, pese a alguna excepción tan heroica como aislada.
Recordábamos cómo, ya desde 1930, los protestantes se organizaron en la «Iglesia del Reich» de los Deutschen Christen, los «Cristianos Alemanes», cuyo lema era: «Una nación, una Raza, un Führer.» Su proclama: «Alemania es nuestra misión, Cristo nuestra fuerza.» El estatuto de la Iglesia se modeló según el del partido nazi, incluido el denominado «párrafo ario» que impedía la ordenación de pastores que no fueran de «raza pura» y dictaba restricciones para el acceso al bautismo de quien no poseyera buenos antecedentes de sangre.
Entre otros documentos que han de hacer reflexionar a todos los cristianos, pero de manera muy especial a los hermanos protestantes, citamos la crónica enviada por el corresponsal en Alemania del acreditado periódico norteamericano Time, publicado en el número que lleva fecha del 17 de abril de 1933, es decir, un par de meses después del ascenso a la cancillería de Hitler:
«El gran Congreso de los Cristianos Germánicos ha tenido lugar en el antiguo edificio de la Dieta prusiana para presentar las líneas de las Iglesias evangélicas en Alemania en el nuevo clima auspiciado por el nacionalsocialismo. El pastor Hossenfelder ha comenzado anunciando:
«Lutero ha dicho que un campesino puede ser más piadoso mientras ara la tierra que una monja cuando reza. Nosotros decimos que un nazi de los Grupos de Asalto está más cerca de la voluntad de Dios mientras combate, que una Iglesia que no se une al júbilo por el Tercer Reich.»» [Alusión polémica a la jerarquía católica que se había negado a «unirse al júbilo». N.
del e.]
El Time proseguía: «El pastor doctor Wieneke-Soldin ha añadido:
«La cruz en forma de esvástica y la cruz cristiana son una misma cosa. Si Jesús tuviera que aparecer hoy entre nosotros sería el líder de nuestra lucha contra el marxismo y contra el cosmopolitismo antinacional.» La idea central de este cristianismo reformado es que el Antiguo Testamento debe prohibirse en el culto y en las escuelas de catecismo dominical por tratarse de un libro judío. Finalmente, el Congreso ha adoptado estos dos principios:
1) «Dios me ha creado alemán. Ser alemán es un don del Señor. Dios quiere que combata por mi germanismo»; 2) «Servir en la guerra no es una violación de la conciencia cristiana sino obediencia a Dios».”
La penosa extravagancia de los Deutschen Christen no fue la de un grupo minoritario sino la expresión de la mayoría de los luteranos: en las elecciones eclesiásticas de julio de 1933 los «cristonazis» obtenían el 75 % de los sufragios de parte de los mismos protestantes que, a diferencia de los católicos, en las elecciones políticas habían asegurado la mayoría parlamentaria al NSDAP (el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes).
Todo esto (como ya anticipábamos) no es casual, sino que responde a una lógica histórica y teológica. Como explica el cardenal Joseph Ratzinger, un bávaro que en 1945 tenía dieciocho años y estaba alistado en la Flak, la artillería contraaérea del Reich: «El fenómeno de los «Cristianos Alemanes» ilumina el típico peligro al que está expuesto el protestantismo frente al nazismo. La concepción luterana de un cristianismo nacional, germánico y antilatino, ofreció a Hitler un buen punto de partida, paralelo a la tradición de una Iglesia de Estado y del fuerte énfasis puesto en la obediencia debida a la autoridad política, que es natural entre los seguidores de Lutero. Precisamente por estos motivos el protestantismo luterano se vio más expuesto que el catolicismo a los halagos de Hitler. Un movimiento tan aberrante como el de los Deutschen Christen no habría podido formarse en el marco de la concepción católica de la Iglesia. En el seno de esta última, los fieles hallaron más facilidades para resistir a las doctrinas nazis. Ya entonces se vio lo que la Historia ha confirmado siempre: la Iglesia católica puede avenirse a pactar estratégicamente con los sistemas estatales, aunque sean represivos, como un mal menor, pero al final se revela como una defensa para todos contra la degeneración del totalitarismo. En efecto, por su propia naturaleza, no puede confundirse con el Estado —a diferencia de las Iglesias surgidas de la Reforma—, sino que debe oponerse obligatoriamente a un gobierno que pretenda imponer a sus miembros una visión unívoca del mundo.» En efecto, el típico dualismo luterano que divide el mundo en dos Reinos (el «profano» confiado sólo al Príncipe, y el «religioso» que es competencia de la Iglesia, pero del cual el propio Príncipe es Moderador y Protector, cuando no su Jefe en la tierra), justificó la lealtad al tirano. Una lealtad que para la mayoría de los cargos de la Iglesia protestante se llevó hasta el final: ya vimos el mensaje enviado al Führer cuando, después de escapar del atentado de julio de 1944, ordenó acabar con la conjura (en la que estaban implicados, entre otros, oficiales de la antigua aristocracia y la alta burguesía católica) con un baño de sangre.
Si en la época del ascenso al poder del nazismo no hubo movimientos de resistencia apreciables, ya en 1934 una minoría protestante se aglutinaba en torno a la figura no de un alemán sino del suizo Karl Barth, tomando distancias respecto a los Deutschen Christen y organizándose luego en el movimiento de la «Iglesia confesante», que tuvo sus propios mártires, entre ellos al célebre teólogo Dietrich Bonhoffer. Sin embargo, como menciona Ratzinger, «precisamente porque la Iglesia luterana oficial y su tradicional obediencia a la autoridad, cualquiera que fuera ésta, tendían a halagar al gobierno y al compromiso en servirlo también en la guerra, un protestante necesitaba un grado de valor mayor y más íntimo que un católico para resistir a Hitler». En resumidas cuentas, la resistencia fue una excepción, un hecho individual, de minorías, que «explica por qué los evangélicos —prosigue el cardenal— han podido jactarse de personalidades de gran relieve en la oposición al nazismo». Era necesario un gran carácter, enormes reservas de valor, una inusual convicción para resistir, precisamente porque se trataba de ir contra la mayoría de los fieles y las enseñanzas mismas de la propia Iglesia.
Naturalmente, dado que la historia de la Iglesia católica es también la historia de las incoherencias, de sus concesiones, de los yerros del «personal eclesiástico», no todo fue un brillo dorado ni entre la jerarquía ni entre los religiosos y fieles laicos.
Se ha discutido mucho, por ejemplo, acerca de la oportunidad de la firma en julio de 1933 de un Concordato entre el Vaticano y el nuevo Reich. Ya lo habíamos mencionado, pero vale la pena repetirlo, al igual que continuamente se repiten las acusaciones contra la Iglesia por este asunto.
En primer lugar hay que considerar —y esto, naturalmente, vale para todos los cristianos, sean católicos o protestantes— que hacía pocos meses desde el advenimiento a la Cancillería de Adolf Hitler, que todavía no había asumido todos los poderes y por lo tanto no había revelado al completo el rostro del régimen, cosa que sólo se aprestaría a hacer inmediatamente después. Recuérdese que hasta 1939, el primer ministro británico Chamberlain defendía la necesidad de una conciliación con Hitler y que el mismo Winston Churchill escribió (algo que, para mayor apuro de los aliados, recordarían los acusados en el Proceso de Nuremberg): «Si un día mi patria tuviera que sufrir las penalidades de Alemania, rogaría a Dios que le diera un hombre con la activa energía de un Hitler.» Joseph Lortz, historiador católico de la Iglesia, que vivió aquellos años en Alemania, su país, dice: «No hay que olvidar nunca que durante mucho tiempo, y de una forma refinadamente mentirosa, el nacionalsocialismo ocultó sus fines bajo fórmulas que podían parecer plausibles.» Ahora nosotros juzgamos aquellos años sobre la base de la terrible documentación descubierta: pero sólo después. Como se demostró en el mismo Proceso de Nuremberg, sólo muy pocos de los miembros de las altas esferas sabían lo que en realidad estaba sucediendo en los campos de concentración (para judíos; pero también para gitanos, homosexuales, disidentes o presos comunes, en su mayoría eslavos). Las órdenes para la «solución final del problema judío» se mantuvieron con tal reserva que no tenemos ningún rastro escrito de las mismas, hecho que permite a los historiadores «revisionistas» poner en duda que hubiesen llegado a proclamarse.
En cualquier caso, en lo referente al Concordato de 1933 cabe señalar que no debía de ser un texto tan impresentable si, aunque con alguna modificación, todavía sigue vigente en la República Federal Alemana, limitándose casi a repetir los acuerdos firmados tiempo atrás con los Estados de la Alemania democrática prenazi. Recuérdese también que en 1936, apenas tres años después del pacto, la Santa Sede ya había presentado al gobierno del Reich unas 34 notas de protesta por violación del citado Concordato. Y como punto final a aquellas continuas violaciones, al año siguiente, en 1937, Pío XI escribió la célebre encíclica Mit brennender Sorge.
Pero luego, volviendo a las raíces del tema; los opositores a cualquier concordato, no entienden que éstos sean posibles en virtud de una concepción de la Iglesia que es preciosa, sobre todo en épocas dramáticas como aquéllas. Es la concepción católica de una Iglesia como sociedad anónima, independiente, con sus estructuras, su organización, su vicario terreno y cuyo único jefe y legislador es Jesucristo.
En resumen, una esperanza que toma realmente en serio la inaudita palabra del Evangelio: «Dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios.» Es extraordinariamente importante el hecho mismo de que un gobierno (y más uno como el del Führer), acepte pactar con la Iglesia, estableciendo derechos y deberes recíprocos: es el reconocimiento de que el hombre también tiene deberes con Dios, no sólo con el Estado. Es la afirmación de que el césar no lo es todo, como casi llega a hacer el protestantismo con la sofocante creación de las «Iglesias de Estado», al menos en lo que concierne a los hechos. Pese a sus inconvenientes y, pese, como en el caso del nazismo, a no ser siempre respetado, la mera existencia del Concordato confirma que a la larga existe otro poder capaz de resistir y vencer al poder terrenal.
Bien es verdad que, una vez declarada la guerra, el Concordato de 1933 fue para Berlín poco menos que papel mojado. Sin embargo, recordó a los creyentes perseguidos que en Europa no sólo existía el omnipotente Tercer Reich. También existía la Iglesia romana, desarmada pero temible hasta para el tirano que, por más que desafiara al mundo entero, no osó pedir a los paracaidistas que tenía situados en una Roma de la que había huido el gobierno italiano, que rebasaran las fronteras de la colina vaticana.
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Auschwitz, una vez más, ese pasado que «no quiere pasar», o, mejor dicho, que no se desea dejar pasar. Dicen que debería ser el lugar del silencio, de la meditación y de la oración. Pero, precisamente, entre gritos, insultos y amenazadoras advertencias, se expulsa tal vez a las únicas personas —las monjas de clausura polacas— que querían vivir de esa manera. Se produce otro combate, nada edificante, en aquel lugar de dolor.
Convendría hacer aquí alguna acotación, para la memoria futura, pues son estas pequeñas piezas, que podríamos ignorar u olvidar, las que componen el mosaico de esa difamación del catolicismo ante la cual tantos «católicos”
parecen no saber ya reaccionar hoy día. Si no es que, arrepentidos, no acaban por echar una mano a los difamadores. Pero si la humildad es un deber para el creyente del Evangelio, asimismo lo es la búsqueda y el testimonio de la verdad.
Esto, en efecto, es lo que ocurre ahora. Entre las edificaciones de aquel campo hay una que alberga un instituto de investigación dirigido por el historiador polaco Franciszek Piper. Éste, haciéndose eco de que la misión de la historia es reconstruir la verdad, ha hecho quitar la gran lápida colocada desde hace décadas a la entrada de Auschwitz, según la cual habrían muerto en el campo cuatro millones de prisioneros. «Es una cifra muy equivocada —ha declarado el profesor Piper—. Al cabo de muchos años de investigación en los archivos hemos alcanzado la certidumbre de que los muertos no fueron más de un millón y medio. Algo más de un tercio de la cifra que se ha dicho siempre. Una diferencia demasiado grande para que pueda ser avalada por un historiador. De ahí la necesidad de modificar la lápida e indicar la cifra exacta.» Los minuciosos cálculos realizados por el equipo de investigadores señalan que si el mayor número de víctimas era de origen judío, entre aquel millón y medio había también 150.000 polacos, 23.000 gitanos, 15.000 rusos y otras nacionalidades en número decreciente.
Mientras que todas las partes interesadas han reaccionado aceptando este cómputo basado en una sólida documentación, no ha ocurrido lo mismo con la comunidad hebrea. En su seno se han elevado inmediatamente clamores, acusaciones candentes y sospechas de querer «banalizar el Holocausto», una reacción perfectamente comprensible. Pues es cierto que para una persona con cabeza y sentimientos esos dos millones y medio de muertos menos en Auschwitz no contribuyen a reducir el horror de lo que allí aconteció. ¿Quién puede rebajar su propio espanto y su condena del crimen, si la historia decreta que «sólo» fueron asesinadas un millón y medio de personas? Pero en estas reacciones en caliente resulta desconcertante el habitual intento de aprovechar la ocasión para verter sobre el «catolicismo» la acusación de querer desmitificar un lugar donde, por el contrario, los católicos murieron en masa junto a los judíos. Y basta con citar al padre Kolbe por todos ellos.
Ésta es la declaración de la directora del periódico judío de mayor tirada en Italia: «Es difícil no relacionar este revisionismo con los fenómenos de antisemitismo que se están manifestando en Europa y que son muy fuertes en Polonia, auspiciados por la Iglesia y presentes en un ala del sindicato Solidaridad.» Otros representantes de las comunidades judías en el mundo han llegado a declarar que historiadores como Piper hacían añorar la época en que en el Este de Europa detentaban el poder los comunistas y no los católicos. Para su información, convendría dirigirse a los millones de judíos soviéticos, y en general del Este europeo, que durante décadas sólo han tenido un sueño: huir lejos de cualquier lugar donde los comunistas estuvieran en el gobierno.
El director del Centro de Documentación Judía Contemporánea de Milán en sus declaraciones a La Stampa echa por tierra estas acusaciones tan acaloradas como inmotivadas: «Conocemos a los historiadores del instituto de Auschwitz porque colaboran con nosotros y son personas serias. Es cierto, sus cifras se corresponden con las nuestras.» Resulta así que desde hace mucho tiempo, la comunidad israelita también sabía que los judíos muertos en Auschwitz eran algo más de 1.300.000 y no los casi cuatro millones que se han citado siempre. Lo cual, por si es preciso repetirlo, no modifica de ninguna manera el horror. Éste seguiría siendo el mismo aunque sólo se hubiese matado a una persona por el hecho de pertenecer a una «raza». Pero hay que reflexionar de todos modos sobre las inmediatas acusaciones de «antisemitismo católico» cuando un investigador polaco comunica unas cifras que luego resultan confirmadas por las propias fuentes hebreas.
Pero, por desgracia, ni siquiera la verificación de los datos detiene el deseo de seguir maldiciendo a los cristianos. De hecho, el mismo director del Centro de Documentación añade inmediatamente con desdén: «No se han trasladado de Auschwitz el gran crucifijo y el convento de las carmelitas, a pesar de los acuerdos realizados. Es una muestra de la intención católica de deshebreizar aquel lugar.» Y la directora del periódico judío, la misma que en seguida habló de «maniobra antisemita polaca» a propósito de los datos que luego resultaron ser ciertos, anuncia: «En señal de protesta, en octubre nos movilizaremos a nivel mundial para expulsar a las monjas de Auschwitz.» Se cuenta que Joseph Fouché, el ministro de la policía de Napoleón, ante cualquier caso que se le presentaba daba la misma orden a sus investigadores: «Cherchez la femme!», buscad a la mujer. Estaba completamente convencido de que detrás de cualquier affaire, había una mujer como inspiradora o cómplice. En casos como el de Auschwitz parece que se haya cambiado la orden: «Cherchez le catholique!» Suceda lo que suceda, la culpa siempre será de un «católico».
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VI. LOS HERMANOS SEPARADOS Y LA IGLESIA
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36. Víctimas que no hay que olvidar
Ya se sabe que en este mundo no todos los muertos son iguales: los hay «excelentes» y otros omisibles. Así, el fascismo exaltó a sus mártires y lanzó a la oscuridad de la memoria a los caídos por el otro bando. Una vez invertida la situación política, también se invirtió el objeto de aquel culto necrófilo a los caídos por el propio bando, culto que es parte importante del poder.
Es interesante señalar, por otro lado, que este género de cultos políticos no sabe de ecumenismos: es una liturgia que expulsa implacablemente a las demás y relega a las catacumbas políticas la memoria de los muertos de los otros credos políticos. (Recientemente se produjo en Milán un escándalo cuando un cronista descubrió que durante la rigurosa depuración del callejero se habían olvidado de una calle dedicada a un fascista. ¡No se la había rebautizado con el nombre de un mártir de la Resistencia! Se calificó de sacrilegio, y con toda la razón, ya que realmente se trata de un culto en el que los muertos se seleccionan para legitimar a los poderosos del momento.)
Pero tampoco son iguales en este mundo esos muertos especiales que la Iglesia propone como santos. A algunos se los considera aceptables; a otros, en cambio, se los condena al ostracismo. Como muestran las crónicas periodísticas —descarnadas, cuando no aliñadas con alguna pregunta sobre la oportunidad de tales gestos—, entre los que no resultan «simpáticos» se cuentan los 85 sacerdotes, religiosos y laicos martirizados en Gran Bretaña por los anglicanos y ahora proclamados beatos. Al contrario de lo que pretenden algunas lecturas superficiales, el Papa ha realizado un gesto verdaderamente ecuménico. El encuentro entre cristianos presupone la revelación plena de la verdad y no su ocultamiento. No puede nacer ningún diálogo provechoso del olvido, la hipocresía o del temor de quien no osa mirar la realidad a la cara. Merece un elogio la Iglesia anglicana por haberlo comprendido enviando en representación una delegación oficial a San Pedro de Roma. Por encima del justificado sentimiento de vergüenza, y gracias al tacto del Papa, prevaleció el valor evangélico: Veritas liberabit vos.
Pero entonces, ¿cómo es posible que a la valentía de las comunidades anglicanas se oponga la reticencia de algunos medios de comunicación laicos, por no hablar de algún influyente «círculo» católico? En algunos ambientes clericales parece tener lugar una concepción del ecumenismo según la cual, debido a un curioso masoquismo, sólo deberían exponerse las culpas de los católicos, los únicos «malos».
Frente al planteamiento de los cultos a medias se propone el recuerdo, también evocado ahora en San Pedro, de una realidad que como de costumbre demuestra que la verdad es compleja y no tolera propagandas:
si nos atenemos a Raphael Holisend, historiador protestante fuera de toda sospecha, Enrique VIII, el rey de las seis esposas (ordenó decapitar a un par de ellas), que se autoproclamó cabeza de la nueva Iglesia anglicana, hizo matar a 72.000 católicos. Su hija Isabel I, en muy pocos años, y también en nombre de un cristianismo «reformado» y, por tanto, «purificado», causó más víctimas (y con métodos más atroces, si es lícito llevar una clasificación del horror) que la Inquisición española y romana juntas a lo largo de tres siglos. Desde Ginebra, Calvino enviaba a Inglaterra mensajes con los que incitaba al exterminio: «Quien no quiere matar a los papistas es un traidor: salva al lobo y deja inermes a las ovejas.» No sólo los ingleses que permanecieron fieles a Roma conocieron esta política sino también los irlandeses, a los cuales no sólo se les negó la vida y los derechos civiles (¡hasta 1913!) sino que incluso se les robó la tierra. ¿Quién recuerda que las raíces del drama de la isla que aún continúa en nuestros días procede de la decisión de Cromwell de instalar en el Ulster (la zona más rica en recursos), por la fuerza y con fines anticatólicos, a los presbiterianos? ¿Quién recuerda que en las «Pascuas piamontesas» (la expedición de los Saboya contra los valles valdenses) participó, y no por casualidad, un batallón de voluntarios irlandeses cuyas familias habían sido masacradas por los anglicanos? ¿Quién recordaba, antes de la beatificación de los 85 mártires, que Roma, «la intolerante» por definición, jamás concibió una ley tan inaudita como la que decretó en 1585 el «democrático» Parlamento inglés, que llevó a la muerte a los nuevos beatos, por la que se imponía suplicio a los ciudadanos de la Gran Bretaña que regresaran a la patria después de consagrarse sacerdotes (en la isla estaba prohibido el ordenamiento católico), así como también a quien hubiera tenido contacto con éstos? Es comprensible que todo esto resulte difícil de asimilar por la mentalidad general, contaminada con el mismo rosario de nombres dirigido en sentido único: «Torquemada, Alejandro VI, Galileo, Giordano Bruno, Pizarro, Cortés…» Como me recordaba aquel amigo, aquel caballero que fue el pastor valdense Vittorio Subilia, presidente de la Facultad de Teología de su Iglesia y director de la respetada revista Protestantismo:
«Nunca será posible la unión sin que todos los cristianos se conviertan a Cristo.» No hay inocentes en el pecado que nos une a todos.
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37. Arrepentimientos protestantes
Todos los años, a finales de agosto, se reúne en Torre Pellice el Sínodo de la Iglesia valdense, federada desde hace algún tiempo con la Iglesia metodista.
En esta ocasión se respira tensión entre los representantes de la única comunidad cristiana no católica de origen italiano. Hasta tal punto que en una intervención especialmente apreciada incluso por el moderador, un delegado ha pedido para su Iglesia «una moratoria penitencial de cinco años».
Entre las razones de esta propuesta de «penitencia» se cuenta el dato que incluso en los más altos niveles, los valdenses habían escogido muchos años atrás la «opción socialista», alineándose abiertamente no sólo con el «comunismo a la italiana» de los seguidores de Berlinguer, sino también, al menos en algunos sectores de las altas jerarquías, con el marxismo «puro y duro» de los grupos y grupúsculos extraparlamentarios.
Muchos pastores habrían presentado su candidatura en las listas comunistas, y no sólo para colaborar en el plano práctico. Ésta se justificaba a menudo teológicamente, con la Biblia, como si Jesucristo hubiera aparecido entre los hombres para allanar el terreno al verdadero, definitivo y «científico» Mesías, aquel otro judío llamado Karl Marx. Por otro lado, todavía se encuentra en el catálogo de la editorial valdense el nombre de Ferdinando Belo, el ex sacerdote portugués, autor de la grotesca «lectura materialista del Evangelio», que por desgracia fue tomada en serio.
En el mismo catálogo se encuentran decenas de títulos semejantes que parecían anunciar el futuro y que, sin embargo, han acabado en la basura de la historia.
Cosas también acaecidas en la casa católica; sin embargo aquí, el paso a Marx para reforzarlo con la bendición de Abraham, Moisés y Jesucristo trastornó a no pocos religiosos y laicos, pero sólo a algunos obispos y, naturalmente, no salpicó a las élites. De esta suerte, el prefecto de la Congregación para la Fe se animó a definir el marxismo como «vergüenza de nuestro siglo» y fue atacado desde numerosos frentes, incluso en el seno de la propia Iglesia (y eso que ya estaban en 1985), pero la expresión que se utilizó entonces confirmaba una continuidad doctrinal que ya lleva siglo y medio de andadura.
En los documentos del Vaticano II no se cita nunca al marxismo y al comunismo, debido a un acuerdo secreto, hoy confirmado, entre la Santa Sede y la Iglesia ortodoxa rusa, cuyos jerarcas eran nombrados por el ministro soviético para los cultos, naturalmente con el visto bueno del KGB. El silencio sobre el marxismo, la ausencia de condena al comunismo, fue el precio puesto por los soviéticos a cambio de permitir participar a los observadores ortodoxos en el concilio y justificar así el calificativo de «ecuménico» que Juan XXIII anhelaba por encima de todo.
Un pacto desconcertante que algún cristiano amargado del Este aún no ha olvidado. También es cierto que el comunismo a la soviética, aunque silenciado, estuvo implícitamente incluido en la condena del ateísmo teórico pronunciada por los Padres conciliares en el documento final.
De cualquier modo, es preferible, naturalmente, el silencio «católico» que convertir a la Biblia en criada de Das Kapital, como sucedía tanto en las obras de los teólogos como también en los documentos oficiales de no pocas Iglesias protestantes, incluida la valdense. Con la oposición, todo sea dicho, de numerosos afiliados «de base», quienes enviaban al que esto escribe sus afligidos documentos en contra de la transformación de la fe en política «siniestra». Estos hermanos recordaban al grupo de mayoría valdense que «quien desposa el mundo, sus poderosos proveedores y sus modas, pronto queda viudo». Lo que sucedió puntualmente. Muchos tendrán ahora ocasión de meditar que el Evangelio no puede apresarse para ponerlo al servicio de los nuevos emperadores, aunque lleven haz y martillo y se proclamen «al servicio de los pobres».
El luto por el imprevisto y vergonzoso final de una «esperanza» mundana bautizada con entusiasmo es otro motivo de la solicitud de «moratoria penitencial» efectuada al Sínodo valdo-metodista.
Pero ya en los titulares de la primera página, el semanario que publica las crónicas y los actos de la audiencia de Torre Pellice habla de «sufrimiento».
La que sí ha sido sufrida es la decisión de revisar los pactos con el Estado y solicitar una participación en el reparto de la nada despreciable tarta del ocho por mil del IRPF.
Cuando tuvo lugar la revisión de los Pactos Lateranenses y se decidió este tipo de financiación para la Iglesia católica, así como para alguna pequeña comunidad que quiso acceder a ellos, entre los valdenses se elevó un coro de comentarios donde la indignación parecía ir acompañada de aquel afectado desprecio hacia el «papismo» que desde sus orígenes hasta nuestros días identifica a tantos sectores del mundo reformado.
Una vez más se atacó la «lógica concordatoria» que sólo identificaba al catolicismo romano. Por su parte, los valdenses también se habían puesto de acuerdo con el Estado italiano, pero a su pacto quisieron llamarlo «Intesa» y no «Concordato» porque esta última palabra les parecía antievangélica por excelencia. Así, rechazaron casi horrorizados la posibilidad de obtener aquel ocho por mil que los contribuyentes asignaban libremente, calificándola de «constantiniana».
Aun siendo un lector atento de la prensa valdense y considerándome algo versado en la historia del cristianismo, debo confesar que quedé sorprendido: es precisamente la propia Reforma la que sustituye al Papa con el príncipe y tiende a unificar la Iglesia y el Estado. La Alemania luterana, la Suiza calvinista, la Inglaterra anglicana ponen las finanzas de su Iglesia a cargo del Estado; sin ir más lejos, el sistema alemán todavía hoy tiene en el Estado a su recaudador de la «tasa eclesiástica». Por no hablar del Parlamento inglés, habilitado para legislar incluso sobre asuntos eclesiásticos, tanto teológicos como administrativos.
Por otro lado, como ya se le recordó al Sínodo, «los valdenses nunca han tenido problemas de conciencia por aceptar importantes contribuciones de las Iglesias hermanas en el extranjero, financiadas por sus propios Estados». Desde esta perspectiva resulta difícil el escandalizado rechazo, que se justificó en nombre del protestantismo y ahondando la polémica contra el «servil y venal catolicismo», de incluir también a la comunidad valdense entre las posibles destinatarias de la opción de los contribuyentes italianos. ¿Por qué hablar desde el púlpito de quien comparte la teología de la Iglesia de Estado de la «habitual búsqueda de privilegios de la Iglesia romana»? En cualquier caso, la vida siempre es más fuerte que las teorías. Y los administradores «evangélicos» han divulgado que sin el dinero del ocho por mil, el 80 % de las obras valdo-metodistas está destinada al cierre. De ahí que en el Sínodo se produjera el sufrido debate, la votación y el predominio de una mayoría favorable a solicitar al Estado incluirlos también a ellos, los «puros», en la declaración de la renta como posibles beneficiarios de una cuota de los impuestos de los ciudadanos. El moderador votó en contra, pero al ser reelegido de inmediato, prometió, no sin cierta alusión a su «tormento», que respetaría la decisión del Sínodo y pediría al Estado que incluyera a su Iglesia en la «lógica concordatoria» tanto tiempo despreciada y anatemizada por los católicos.
Naturalmente, deseamos lo mejor a los valdo-metodistas, al igual que a cualquier otro hermano en Cristo, y sentimos hacia ellos una solidaridad de la que formamos parte. Por esta razón, una experiencia como la anterior nos parece muy positiva desde una perspectiva evangélica.
Es una lección de humildad cristiana, amarga pero benéfica; una llamada a no juzgar o despreciar a nadie, ni siquiera a aquellos católicos de quienes hasta hace poco fuentes valdenses decían que «vendían la pureza del Evangelio por un plato de lentejas».
A la luz de la fe no hay sólo «puros» o sólo «corruptos»: la condición humana y sus contradicciones nos unen a todos. Sólo Cristo está libre de pecado.
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La tendencia italiana a la autodifamación, alimentada sin tregua desde los medios de comunicación o en las conversaciones de café, cada vez está más inclinada a pensar que nuestro país es el pozo de los vicios de todo el mundo.
Los países del norte europeo ponen mucho cuidado en alimentar el complejo inverso, es decir, el de superioridad, sustentado en la convicción de que el catolicismo estropeó irremisiblemente el carácter de los pueblos afligidos por él. En cambio, el protestantismo…
Esto es lo que expone en un diario inglés un tal Paul Johnson que, además de periodista informado, es un historiador bastante inconformista (lo citamos más adelante, al tratar de Gandhi). Johnson llega a proponer una Europa dividida por una barrera sanitaria que seguiría las fronteras confesionales: al sur la leprosería en la que confinar a los viciosos y supersticiosos «papistas», vigilando que sus virus no contagien a los demás; al norte los ciudadanos superlativamente íntegros, purificados por Lutero, Calvino y Enrique VIII. Unos ciudadanos a los que el simple recuerdo de la hoy remota Reforma (se trata de países ya muy lejanos de cualquier forma de cristianismo, por «puro» o «contaminado» que sea) les borra cualquier resto de pecado original.
Sin embargo, alguien ha intentado poner en cifras estos datos. Lo ha intentado hasta nuestro ministro del Interior, pero ha sido acallado por los colegas parlamentarios y nuestros opinion-maker (forjadores de opinión).
El masoquismo nacional, que para muchos se sustenta en la polémica anticatólica que, como veremos en estas páginas, empieza con Maquiavelo y Guicciardini, no pretende renunciar al maillot negro para Italia en la clasificación de los asuntos sucios.
Baste citar unas pocas cifras para demostrar que no nos corresponde el primer puesto en la escala de la mala vida. Si, para empezar, tomamos el número de crímenes (de todo tipo, sin considerar su gravedad)
observaremos con sorpresa que la ciudad más «criminal» de Europa es Copenhague. Pues sí, precisamente la muy luterana capital de la muy protestante Dinamarca, donde un católico es una rareza que se contempla con altanera sospecha.
Allí arriba, entre aquellos míticos «ciudadanos ejemplares», la incidencia del crimen fue en 1990 de 21.198 por cada cien mil habitantes, lo que a grandes rasgos significa que más de un danés sobre cinco tuvo que vérselas con la ley. Alguien podría objetar que el porcentaje es tan elevado porque en el bloque se cuentan los evasores fiscales, cuyo comportamiento se incluye en la categoría de «crímenes». Pero la objeción no sirve como atenuante sino que pasa a ser retomada por la acusación. Así, según la autodifamación italiana y la difamación nórdica, defraudar al fisco ¿no es un comportamiento típico de pícaro católico, a quien la Contrarreforma ha extirpado cualquier sentimiento cívico? De cualquier modo, la segunda en la clasificación es París, con 14.665 crímenes por cada cien mil habitantes. Sigue Londres (10.594), es decir, otra de las capitales, y de las más virulentas, en su desprecio al catolicismo, precisamente la ciudad del tal Paul Johnson que pretendía aislar el sur de Europa. Sigue después Viena, casi a la par con Londres:
10.202. Finalmente, Roma que, con «sólo» 6.492 crímenes por cada cien mil habitantes, delinque tres veces menos que Copenhague y casi la mitad que Londres.
Si pasamos de las cifras generales a las particulares no hallaremos un solo sector criminal en el que Italia vaya en cabeza: ni en los robos, que en un año han sido 49.633 en Francia y 36.830 entre nosotros, seguidos con un número casi idéntico (36.200) por los ingleses y galeses. En realidad, el conjunto de la Gran Bretaña nos supera ampliamente, ya que en la cifra anterior no se incluyen Escocia y el Ulster, que poseen una administración de policía autónoma y otros criterios estadísticos.
Luego, en último término respecto a robos, está la «tranquila”
Alemania, con 35.111, siempre en el mismo año. Sin embargo, los alemanes se hallan en un pavoroso primer lugar respecto al número de suicidios:
9.216 contra 3.806 en Italia (Francia: 8.500). Con 3.776 casos los franceses encabezan con gran gran ventaja la triste clasificación de la violencia carnal, seguidos por Alemania, Inglaterra y Gales, mientras que Italia aparece muy distanciada, con sólo 680 casos en todo 1990.
Pero volviendo al capítulo más negro, el de los homicidios, el país con mayor número de ellos es Alemania: 2.387. Italia cuenta con un poco honorable segundo lugar, si bien bastante distanciada de los alemanes:
1.696. El «caso italiano» se caracteriza por el hecho de que el 75 % de los homicidios se concentra en las zonas meridionales, y sólo en unas pocas de ellas. Sin el sur de mafias y camorras varias, Italia sería uno de los lugares del mundo donde menos se mata. Pero no todo el sur es igual: al parecer, la menor tasa de criminalidad de toda la península se da en Molise; también la Basilicata es, al menos por ahora, una de las zonas inmunes a la furia sanguinaria del sur y además una de las regiones europeas menos afectadas por la ilegalidad. Según las estadísticas, las «católicas», aunque «meridionales», Campobasso, Isernia, Potenza, Matera son infinitamente más seguras que muchas otras ciudades del norte de Europa, pese a los Lutero y Calvino de sus respectivos pasados.
Como de costumbre, las cosas son muy distintas de lo que cierta propaganda ideológica divulga y que nuestra credulidad acepta como bueno.
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Se ha publicado un voluminoso documento (unas 867 páginas «pesadas como el plomo», como las ha definido alguien) compilado por el historiador luterano Gerhard Bieser y editado por un protestante de la antigua Alemania comunista libre de toda sospecha.
En la obra se reconstruyen las relaciones entre los «evangélicos» y el disuelto régimen «democrático». Es un cuadro que el propio Sínodo de la reunificada EKD, la Iglesia evangélica alemana, define como «alarmante» y «como para solicitar un acto público de contrición».
Del dossier se desprende que tres mil de los cuatro mil pastores protestantes de la Alemania autodenominada «popular» eran informadores estables u ocasionales de la terrible Staatsichereit, la policía secreta del Estado, llamada Stasi. Según Bieser, la apertura de los archivos ha mostrado que la colaboración del estamento eclesiástico luterano con el régimen, incluso como espías, «no fue ocasional ni estuvo limitada al marco de la vida religiosa sino que constituyó un problema estructural para la Iglesia evangélica».
Siguiendo al mismo historiador, se dice que entre los informadores de la Stasi «todavía no han aparecido nombres de eclesiásticos católicos», pero, añade a modo de consuelo para sus colegas luteranos, «es sólo cuestión de tiempo».
También señala como igualmente cierto que, como ocurrió con el nazismo, cuando se lleve a cabo el balance definitivo, la implicación de los protestantes será bastante superior a la de los católicos. Y, según observa el propio historiador, no sólo se debe a la desastrosa tradición evangélica de las «Iglesias de Estado» sino también al hecho de haber sustituido al Papa por el poder de turno; otro factor es la tradición, que se remite al mismo Lutero, de apoyarse en las autoridades laicas vendiéndoles las «protecciones» de la Iglesia. Pero también, señala el reverendo Bier, porque «los pastores están casados, tienen familia y son más susceptibles de ser chantajeados que el clero católico, que es célibe».
Así lo reconoce el mismo Sínodo evangélico alemán al buscar las razones que llevaron a tres mil de los cuatro mil pastores a hacerse informadores de la policía secreta al servicio de una tiranía oficialmente atea.
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VII. LA PENA DE MUERTE Y LA IGLESIA
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Por mucho que nosotros los periodistas nos esforcemos en hacer creer lo contrario, a menudo los periódicos, por su propio deseo, no representan del todo a la opinión pública.
El problema de la pena de muerte es uno de esos casos en los que la escisión entre los ciudadanos y los medios de comunicación parece más profunda. Estos últimos, casi sin excepción, rechazan indignados la simple posibilidad de debatir una cuestión que consideran tan anacrónica e incívica que no merece la menor atención.
En los periódicos donde he tenido ocasión de trabajar, he visto tirar a la papelera con repugnancia las numerosas cartas que envían los lectores sobre ese tema. Sin embargo, todos los sondeos muestran que si se sometiera a referéndum popular, el resultado se decantaría sin la menor duda por la reimplantación del pelotón de ejecución o del verdugo, al menos para los crímenes especialmente execrables.
El informe anual de Amnistía Internacional nos ofrece una prueba concreta de ello al señalar que la pena de muerte está incluida en el derecho penal de 99 Estados (el 80 % de las ejecuciones tienen lugar en países que manifiestan la pretensión de servir de modelo, como Estados Unidos, la Unión Soviética o China), sin que importantes movimientos de opinión reclamen su abolición. En los casi treinta estados de la Unión norteamericana en los que se ha mantenido la pena capital, la voluntad popular se ha opuesto a todas las iniciativas llevadas a cabo para eliminarla.
Es más, en algunas ocasiones han sido los propios ciudadanos quienes han impuesto su restauración.
Hay un tipo de corifeos de la democracia, periodistas y políticos en primera línea, bien conocidos por lo selectivo de su criterio: para ellos, la mayoría de las opiniones y de los votos son «una noble manifestación de la voluntad popular» cuando coincide con su propia orientación, pero resultan «una despreciable vomitera reaccionaria» cuando su expresión contraría sus prejuicios y planteamientos.
El hecho es que, desde la más remota antigüedad hasta que algún intelectual de la Europa occidental del siglo XVIII empezó a manifestar sus dudas, la pena de muerte se admitía pacíficamente en todas las culturas de todas las sociedades del mundo.
Es falso que aquel curioso personaje llamado Cesare Beccaria pidiera su abolición. En el capítulo veintiocho de De los delitos y sus penas se dice: «La muerte de un ciudadano sólo puede considerarse necesaria en dos casos…» Principalmente, Beccaria rechaza la tortura y luego lo que denomina pena de muerte «fácil», tal como se aplicaba en su época, pero no la excluye de modo categórico ni la declara ilícita, hasta el punto de juzgarla «necesaria» en algunos casos. Por otro lado, la alternativa que propone Beccaria con el fin de suscitar mayor espanto, tal como él mismo especifica, es «la esclavitud perpetua». Algo que no parece un beneficio ni para la sociedad ni para el reo.
También es falso que mantener la pena capital sea «de derechas» y su abolición «de izquierdas». Entre las ignoradas paradojas de nuestras reconfortantes ideas fijas se cuenta que Luis XVI abolió dicha pena pocos años antes de la Revolución francesa. Ésta volvió a implantarla por iniciativa de la «izquierda» jacobina, haciendo tal uso de la misma que, por una vez justificadamente, el imaginario popular ha hecho de las palabras guillotina y revolución un todo inseparable.
Aquellos «progresistas» rogaron sin ambages al doctor Guillotin que perfeccionara su máquina para pasar de la fase artesanal a la industrial. Así nos ha llegado el escalofriante prototipo de un instrumento capaz de cortar sesenta cabezas al mismo tiempo.
Además, para mayor turbación de los filotercermundistas occidentales, para quienes la barbarie únicamente tiene origen en el hombre blanco, tan pronto como alcanzaron la independencia, la práctica totalidad de las ex colonias africanas y asiáticas se apresuraron a reintroducir la pena de muerte —a veces con sistemas «tradicionales» del lugar, como el empalamiento, la horca, la inmersión en agua hirviente, el estrangulamiento lento, etc.— incluso en aquellos lugares donde los europeos la habían abolido siguiendo el derecho penal de la madre patria. Además, ¿acaso no se contaban entre sus practicantes más fervientes todos los países del «socialismo real», los del marxismo en el poder, fueran éstos del primer, segundo o tercer mundo? Y no se está hablando de los lejanos tiempos del estalinismo: en los primeros cinco años de la perestroika de Gorbachov los tribunales soviéticos mandaron a la horca o al patíbulo a más de dos mil acusados por delitos comunes.
Al margen de lo que ocurra en la legislación civil, el problema resulta más delicado para un creyente cuando se plantea desde una perspectiva religiosa. La Iglesia católica (con el consenso, por otro lado, de las ortodoxas y protestantes y exceptuando a algunas pequeñas sectas heréticas de los propios reformados) nunca ha negado que la autoridad legítima posea el poder de infligir la muerte como castigo. La propuesta de Inocencio III, confirmada por el Cuarto Concilio de Letrán de 1215, según la cual la autoridad civil «puede infligir sin pecado la pena de muerte, siempre que actúe motivada por la justicia y no por el odio y proceda a ella con prudencia y no indiscriminadamente» es materia de fide. Esta declaración dogmática confirma toda la tradición católica anterior y sintetiza la posterior. De hecho, hasta ahora no ha sido modificada por ninguna otra sentencia solemne del Magisterio.
Si la Iglesia siempre ha sido contraria a llevar directamente a alguien a la muerte, no es el caso del Estado pontificio, como institución política, donde era bien conocido el significado de entregar a los herejes obstinados al «brazo secular». Por otro lado, las Iglesias surgidas de la Reforma todavía tenían menos miramientos y habitualmente procedían a llevar a cabo directamente sus propias sentencias de muerte sin confiar al reo a la autoridad civil para su ejecución. Es más, así como para la Iglesia católica el verdugo era un mal necesario, en la jerarquía de la opresiva «Ciudad Cristiana» que Calvino instauró en Ginebra, el verdugo era un personaje de rango, un notable respetado que recibía el título de «Ministro del Santo Evangelio». No le faltaba trabajo: durante los cuatro años que van de 1542 a 1546 Calvino condenó a muerte a cuarenta personas sólo por razones de fe.
Actualmente la situación ha cambiado, como ya sabemos. Pese a que no se ha modificado nada en el plano dogmático, no sólo teólogos sino conferencias episcopales al completo han ido más lejos hasta definir cualquier tipo de pena capital como «contraria al espíritu cristiano» o «en desacuerdo con el Evangelio». Como de costumbre, hay creyentes que se destacan por su celo, superando la mencionada polémica laicista lanzándose contra una presunta «barbarie oscurantista» e «infidelidad a Cristo» de raíz bimilenaria, protagonizada por una Iglesia que no había declarado ilícito el suplicio que cualquier Estado podía infligir a sus reos.
Ésta es una de las situaciones privilegiadas para la «estrategia del remordimiento» de la que ya habíamos hablado, impulsada por una propaganda anticristiana que cuenta con el apoyo entusiasta de muchos católicos «adultos e informados». En realidad, la cuestión es realmente grave porque si cualquier ejecución es un delito, un homicidio legalizado abusivamente (como ahora declaran numerosos teólogos y también obispados), la Iglesia ha sido cómplice de ellos durante muchos siglos.
Entonces, aquellos que se dedicaban a reconfortar a los condenados, como san Cafasso, sólo eran hipócritas defensores de una violencia ilícita. No es suficiente, ya que también el Antiguo y el Nuevo Testamento, que recomiendan o no prohíben la pena de muerte, se han visto arrastrados al banquillo de los acusados. Si en este punto realmente nos hemos equivocado, las consecuencias para la fe son ruinosas, implicando a la autoridad de la Iglesia y de las mismas Escrituras. Habrá que buscar las causas.
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A fin de evitar equívocos, vamos a exponer inmediatamente lo que aclararemos mejor en las siguientes líneas: lo que tratamos de expresar con el tema planteado no es una especie de «elogio del verdugo» a la manera de Joseph De Maistre, con una defensa por nuestra parte de la reinstauración de la pena de muerte en aquellos países del mundo, actualmente una minoría, que la han suprimido. Nada más lejos de nuestras intenciones. Lo que intentamos es demostrar que en éste, como en tantísimos otros ámbitos, hemos olvidado aquella capacidad de discernir (distinguere frequenter!)
que tan justamente preocupaba a quienes sabían razonar con claridad antes del advenimiento de la autodenominada «Era de la Razón».
En el caso que nos ocupa, a menudo no se sabe discernir entre la legitimidad del patíbulo y la oportunidad del mismo; entre el derecho de la sociedad a condenar a muerte a uno de sus miembros y el ejercicio de ese derecho. Pero, sobre todo, como ya citábamos, lo que debe preocupar al creyente es la actitud de la Iglesia, quien desde lo más alto de su Magisterio ha afirmado siempre la legitimidad de la pena de muerte decretada por las autoridades reconocidas y ha concedido a la sociedad ese derecho.
Tras el concilio este derecho fue contestado a varios niveles. Entre los muchos ejemplos posibles, tenemos el Dizionario di antropologia pastorale («Diccionario de Antropología pastoral»), fruto del trabajo de la Asociación de Moralistas Católicos en lengua alemana, publicado en Alemania y Austria en 1975 con todos los imprimatur y gracias al patrocinio del obispado. Esta obra, que no expresa la opinión de un teólogo particular sino la posición «católica» de toda una facción, dice: «El cristiano no tiene el menor motivo para invocar la pena de muerte o declararse a favor de ella.”
El documento de una comisión teológica del obispado francés declaraba en 1978 que la pena capital era «incompatible con el Evangelio», aunque, en un arrebato de prudencia, los teólogos que habían redactado el documento lo titularon Elementi di riflessione («Elementos de reflexión») y llegaban a sus conclusiones (contrarias a la Biblia y a la Tradición) con rebuscados juegos de palabras. Con el mismo estilo capcioso se manifiestan en Estados Unidos y Canadá los church-intellectuals, esos «intelectuales clericales» que desde el anonimato elaboran los documentos que los obispos presentarán después con su propia firma.
En 1973, Leandro Rossi, director del Diccionario de Teología moral, que también contó con la aprobación eclesiástica, iniciaba así la voz Pena de muerte: «Éste es uno de los típicos temas donde se han invertido las posturas en la época actual, si bien no de manera universal y definitiva.
Desafortunadamente, el proceso de sensibilización no tuvo origen en el ámbito cristiano sino en el laico, viéndose los católicos remolcados con esfuerzo por cuantos se mostraban más coherentes con la orientación humanizante del Evangelio. Nos hallamos ante uno de esos casos en los que no es la Iglesia la que ha ofrecido un don al mundo, sino la que lo ha recibido de éste.”
Semejantes posturas resultan gratificantes para los sacerdotes que las expresan, quienes, sin embargo, no parecen conscientes de sus devastadoras consecuencias. Tanto desde el magisterio solemne de los papas y los concilios, pero también de los Padres o los grandes teólogos que llegaron a santos como Tomás de Aquino, con sus hombres más prestigiosos y autorizados, a lo largo de toda su historia y no sólo en un corto período, la Iglesia ha declarado legítima sin excepción la pena capital, algo que según las creencias actuales sería un delito, un crimen y una traición al Evangelio.
Como se ha observado: «Si eso es cierto, ¿cómo defender a la Iglesia de la acusación de complicidad con los jefes de gobierno, responsables de los innumerables asesinatos que habrían sido las ejecuciones de todos los individuos muertos en nombre de una falsa «justicia»?”
Más allá del plano doctrinal, en la práctica se plantea: «¿Cómo atenuar, considerando la hipótesis de que la pena de muerte sea siempre totalmente injusta y criminal, la responsabilidad de los papas que durante más de un milenio han actuado en sus Estados de igual modo que los magistrados civiles de las demás naciones?» En resumen, una sombra oscura se cierne sobre toda la enseñanza y la praxis católicas: «¿Cómo seguir tomando en serio una moral que hoy critica como gravemente ilícito, como una traición a la propia misión de Cristo lo que hasta ayer había considerado no sólo legítimo sino incluso como un deber?» Parece ser que también sobre este tema hay alguna corriente teológica, e incluso algunos centros episcopales (dando por válido que su pensamiento se expresa realmente en los documentos que los «expertos» les preparan), que no ven, o peor aún, que no se preocupan de las consecuencias que tienen para la fe popular estas variaciones en la doctrina.
Pero también parece manifestarse aquí ese fenómeno paradójico y contradictorio que identifica a cierta teología de hoy día que protesta afirmando su total adhesión a las Escrituras pero al mismo tiempo las manipula, cambia, ignora o trata con cierta incomodidad cuando no responde a su propio «espíritu», considerado el «espíritu de los tiempos» y en sintonía con el del mismo Cristo.
La verdad es que no hay que derrochar demasiadas palabras para demostrar que en el Antiguo Testamento Dios no sólo permitía la pena de muerte sino que la ordenaba Él mismo. De tal suerte que la normativa elaborada por los maestros de Israel siguiendo a la Torá prescribía la pena capital para 35 crímenes: desde el adulterio a la profanación del sábado, de la blasfemia a la idolatría, desde la rebelión (aunque sólo fuera de palabra)
contra los progenitores. Baste recordar entre los muchos fragmentos posibles, el versículo del Génesis (9, 6) en el que Yahvé dice a Noé: «Aquel que derrame la sangre del hombre, verá su sangre derramada por el hombre, porque Él ha hecho al hombre a imagen de Dios.» Véase también el capítulo 35 del libro de los Números donde se confirma en los casos allí especificados, no el derecho sino el deber de la pena de muerte, precisando:
«Que éstas os sirvan, de generación en generación, como reglas de derecho en todos los lugares donde habitaréis» (Núm. 35, 29). Para la ley de Israel, la muerte de ciertos acusados era voluntad de Dios mismo, más por principios religiosos que por conveniencia social. La orden «¡No matarás!”
de los Mandamientos significa «no asesinar, no matar injustamente», y no se refiere a la pena de muerte legal porque se dirige al individuo y no a quien posee autoridad legítima sobre el pueblo.
Estas consideraciones, que a nosotros nos parecen duras pero que para el creyente siguen siendo Palabra de Dios, la Palabra a la que ahora se pretende ser más fiel que nunca, se han visto sustituidas apresuradamente por las tendencias que citábamos. O bien, se intenta resolver el problema diciendo que el Nuevo Testamento supera al Antiguo, que el espíritu evangélico revoca la ley mosaica. Pero con esta actitud tampoco se respeta la Palabra, en este caso la del mismo Jesucristo, quien declaraba «no he venido para revocar la Ley sino para completarla», advirtiendo que «no pasaré por alto ni un punto de la Ley».
En efecto, Cristo no contradice a Pilatos, sólo le recuerda de dónde procede su autoridad (que además le reconoce) cuando el gobernador inquiere: «¿No sabes que yo tengo el poder de ponerte en libertad o llevarte a la cruz?» (Jn. 19, 10). Según Lucas, tampoco contradice al «buen ladrón», al que además luego le hace la gran promesa cuando éste dice que él y su cómplice han sido condenados «justamente» a aquella pena: «Recibimos lo que nos corresponde por nuestras acciones.» Como ha sido señalado: «En los Actos 5, 1-11, se desprende que la comunidad cristiana primitiva no abominó de la pena de muerte de inmediato, ya que se presentó a los cónyuges Ananías y Safira ante san Pedro, acusados de fraude y mentira en perjuicio de los hermanos de fe, y fueron castigados con ella.”
Pero fue Pablo principalmente quien concedió el jus gladii, el derecho a usar la espada del verdugo a los príncipes, a los que llamó «ministros de Dios para castigar a los malvados», y enviarlos a la muerte si fuera necesario. Y no hay que olvidar el capítulo trece de la Carta a los Romanos, famoso en otra época y actualmente silenciado con una cierta incomodidad, donde se dice: «¿Deseas no tener que temer a la autoridad? Haz el bien y recibirás recompensa porque aquélla está al servicio de Dios por tu bien. Pero, si haces el mal, témela entonces, porque no es en vano que lleva la espada; de hecho, está al servicio de Dios para imponer la justa condena a quien obra mal» (Rom. 13, 3-4).
No podemos sacarnos de encima estas transparentes declaraciones de Pablo con argumentos desconcertantes, dictados por el deseo de librarnos de una palabra de las Escrituras contraria a nuestras teorías, como ocurre en el ya citado Dizionario d’antropologia pastorale: «Pablo, en Romanos 13, seguramente pensaba en la práctica de la decapitación de los grandes criminales vigente en el Imperio romano. Sin embargo, lo que le urgía recomendar con dicha alusión era sólo la obediencia debida a la autoridad estatal legítima…» Sorprendente y un tanto penoso acto de escamoteo. De hecho, durante dos mil años no se le ocurrió la idea a ninguno de los grandes teólogos, pastores o concilios que, basándose también en Romanos 13, no negaron la legitimidad de la pena de muerte infligida con un proceso regularizado por las autoridades constituidas. Sin olvidar que este reconocimiento eclesiástico no se hacía a la ligera, de forma que el Derecho Canónico tachaba de irregulares (es decir, con prohibición de acceder a las órdenes sagradas) al verdugo, a sus ayudantes e incluso al juez que, aun respetando la ley, dictaba una sentencia de muerte.
Pero este horror a la sangre no sólo no podía hacer olvidar la prescripción bíblica sino también otras consideraciones actualmente desplazadas que trataremos de exponer en el próximo apartado.
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Como creemos haber demostrado, algo que no requería demasiado esfuerzo dada la claridad y celebridad de los textos, la práctica de la pena de muerte por parte de la sociedad es una imposición de Dios en la ley del Antiguo Testamento, admitida por Jesús y los Apóstoles en el Nuevo Testamento. El Catecismo holandés, obra libre de toda sospecha, se ve obligado a reconocer que «no se puede defender que Cristo haya abolido explícitamente la guerra o la pena de muerte».
No es posible comprender en qué se basan los citados teólogos y exegetas de la Biblia que juzgan a la Iglesia «infiel a las Escrituras». ¿A qué Escrituras se refieren? Quizás a The Wish-Bible, la «Biblia del Deseo», la que habrían escrito ellos hoy día.
Sin embargo, hay que mencionar una diferencia importante en el paso del Antiguo al Nuevo Testamento: en la ley entregada a Noé y a Moisés, la condena a muerte de los reos de ciertos delitos era una obligación, una obediencia debida a la voluntad de Dios. En cambio, en el Nuevo Testamento (tal y como lo ha entendido la gran Tradición, desde los Padres de la Iglesia) la pena capital es indiscutiblemente legítima, pero no se concluye que ésta sea siempre oportuna. La oportunidad depende de un juicio que varía según los tiempos. Una cosa es el derecho reconocido a la autoridad que, utilizando las palabras de Pablo, «no lleva la espada en vano», y otra cosa es el ejercicio de este derecho.
En lo que respecta a nuestro juicio, en la sociedad y cultura del actual Occidente secularizado no sería oportuno reimplantar la pena capital allá donde se hubiera abolido; es mejor no ejercer lo que sigue siendo un derecho de la sociedad.
No vamos a detenernos en las estadísticas que, para unos confirmarían y para otros negarían la eficacia de la amenaza de muerte como sistema de prevención del crimen.
De hecho, no carecen de lógica las afirmaciones extraídas de un editorial de Civiltà Cattolica de 1865 que lleva el significativo título de «La francmasonería y la abolición de la pena de muerte», en donde, obviamente, los jesuitas se pronunciaban a favor del mantenimiento de esa terrible institución en el nuevo código italiano.
Se leía en aquel célebre periódico, que era sin la menor duda la verdadera «voz del Papa»: «En estas líneas no intentamos mostrar la licitud, conveniencia y necesidad relativa de la pena de muerte, dato que suponemos demostrado y aceptado por la gente sabia y de bien, sino declarar que mientras los hombres sabios y honrados se manifiestan a favor de la conservación de esta pena, en la práctica la están aboliendo, lo que se demuestra fácilmente con la palabra y con los hechos.”
Continúa Civiltà Cattolica: «Con la palabra, porque ¿cuál es el objetivo subyacente de quienes desean mantener la pena de muerte? Evidentemente, el objetivo que persiguen es disminuir y, si es posible, quitar totalmente de en medio a los asesinos. Así, ¿quién no es capaz de percibir que lo que ellos pretenden es abolir directamente la pena de muerte? Y no tanto en favor de los asesinos, como pretenden los liberales, sino también de los asesinados, e incluso de las posibles víctimas inocentes, de las que nunca se hacen cargo los liberales. Es, pues, evidente que los que abogan por el mantenimiento de la pena de muerte cooperan eficazmente a favor de la abolición total de la pena de muerte, por los inocentes en primer lugar, y luego, necesariamente, por los reos y asesinos.» Pero, en el fondo, opiniones de ese cariz son secundarias pero no irrelevantes respecto al problema principal para un cristiano: «Si Dios sólo da la vida, ¿es lícito que el hombre se la quite a otro hombre? ¿Existe un derecho a la vida igual para todos, incluso para el asesino, un derecho que no puede ser violado nunca?”
En realidad, quienes responden a estas cuestiones en sentido contrario a la pena de muerte, admiten en cambio el derecho de la sociedad a encerrar en prisión a los culpables de los crímenes. Ahora bien, si Dios ha creado al hombre libre, ¿cómo pueden los hombres quitarle esta libertad a otros hombres? Existe un derecho a la libertad (derecho «innato, inviolable, imprescriptible», dicen los juristas) que cualquier juez infringe cuando condena a un semejante siquiera a una hora de reclusión forzada.
Pero se dice que la vida es un valor superior al de la libertad.
¿Estamos seguros de ello? Los espíritus más puros y sensibles lo niegan.
Como Dante Alighieri, con su famoso verso: «Voy buscando la libertad, que tan apreciada es, como bien sabe quien por ella rechaza la vida.» Pero, así como no es posible comprender por qué todas las culturas tradicionales, y por tanto religiosas, nunca han considerado innatural, ilícita y en consecuencia impracticable la pena capital, tampoco es posible escapar de las contradicciones si no es desde una perspectiva que vaya más allá del horizonte mundano. Es decir, una perspectiva religiosa, y cristiana en particular.
Una perspectiva que distinga entre vida biológica, terrenal y vida eterna; que esté convencida de que el derecho inalienable del hombre no es salvar el cuerpo sino el alma; y que distingue entre la vida como fin y la vida como medio.
Aunque tratamos de evitar las citas largas, en esta ocasión es necesario reproducir una porque cada una de sus palabras ha sido meditada a la luz de una visión católica que actualmente parece completamente olvidada. La cita es de ese excepcional solitario laico y católico, el suizo Romano Amerio. Éstas son sus palabras:
«Actualmente, la oposición a la pena capital deriva del concepto de inviolabilidad de la persona en cuanto sujeto protagonista de la vida terrena, tomándose la existencia mortal como un fin en sí mismo que no puede destruirse sin violar el destino del hombre. Pero este modo de rechazar la pena de muerte, aunque muchos lo consideren religioso, es en realidad irreligioso. De hecho, olvida que la religión no ve la vida como un fin sino como un medio con una función moral que trasciende todo el orden de los valores mundanos subordinados.
»Por ello —continúa Amerio—, quitarle la vida no equivale a quitarle al hombre la finalidad trascendente para la que ha nacido y que constituye su dignidad. En el rechazo a la pena de muerte se percibe un sofisma implícito: o sea que, al matar al delincuente, el hombre, y en concreto el Estado, detenta el poder de truncar su destino, sustrayéndole su función última, quitándole la posibilidad de cumplir su oficio de hombre.
Lo contrario es cierto.
»En efecto —prosigue el estudioso católico—, al condenado a muerte se le puede quitar la existencia terrena, pero no su finalidad en la vida. Las sociedades que niegan la vida futura y ponen como meta el derecho a la felicidad en este mundo deben rehuir la pena de muerte como una injusticia que apaga la facultad del hombre de ser feliz. Es una verdadera y completa paradoja que los que impugnan la pena de muerte están realmente a favor del Estado totalitario, ya que le atribuyen un poder muy superior al que ya posee, es más, un poder supremo: el de segar el destino de un hombre. En cambio, desde la perspectiva religiosa, la muerte impuesta por un hombre a otro no puede perjudicar ni al destino moral ni a la dignidad humana.”
Entre muchos otros desconcertantes testimonios acerca de la pérdida de la noción de lo que realmente es el «sistema católico que se percibe en el seno de la Iglesia», el autor cita la aportación de un reconocido colaborador del Osservatore Romano fechada el 22 de enero de 1977: «La comunidad debe otorgar la posibilidad de purificarse, de expiar la culpa, de redimirse del mal, mientras que la pena capital no la concede.» El comentario de Amerio resulta comprensible: «Con estas palabras, hasta el periódico vaticano niega que la pena capital sea una expiación.
Niega el valor expiatorio de la muerte que es supremo para la naturaleza mortal, al igual que lo es dentro de la relatividad de los bienes terrenales el bien de la vida, cuyo sacrificio consiente quien expía la culpa. Por otro lado, ¿acaso la expiación que el Cristo inocente realizó por los pecados del hombre no está relacionada con una condena de muerte?» Así pues, «el aspecto menos religioso de la doctrina que rechaza la pena capital se basa en la denegación de su valor expiatorio, que es la cuestión más importante desde una perspectiva religiosa».
En efecto, la Tradición siempre ha visto en el delincuente un candidato seguro al paraíso porque, al reconciliarse con Dios, acepta libremente el suplicio como expiación de su culpa. Tomás de Aquino instruye: «La muerte que se inflige como pena por los delitos realizados, levanta completamente el castigo por los mismos en la otra vida. La muerte natural, en cambio, no lo hace.» Precisamente, muchos reos reclamaban rotundamente la ejecución como un derecho propio. Y así, el ajusticiado arrepentido y provisto de los sacramentos era un «santo» y el pueblo se disputaba sus reliquias. Tanto es así que hasta había forjado un proverbio, que aparece citado en Civiltà Cattolica: «De cien ahorcados, uno condenado.» Esto no son más que tanteos «religiosos» sobre un tema que en la actualidad hasta los creyentes parecen encarar con la típica e iluminada superficialidad laica. Se podría y debería decir algo más como complemento a las razones de la Iglesia, esa que todavía es responsable de las Escrituras y la Tradición. Por ejemplo, la idea bíblica y paulina de la sociedad entendida no como una suma de individuos sino como un cuerpo u organismo vivo con derecho a extirparse aquel de sus miembros que considere infectado. Se trata del concepto de legítima defensa que correspondería al individuo, como propugnarían los individualistas, pero también al cuerpo social. O asimismo, del concepto de restitución del orden de la justicia y la moral quebrantadas.
Desde la perspectiva de su propia fe, la pena capital es legítima para la Iglesia. Pero, actualmente, ¿es también oportuna? La mejor síntesis para justificar nuestro rechazo a la posibilidad de reponer la pena capital en nuestra época, nos la ofrece de nuevo Romano Amerio: «La pena de muerte resulta bárbara en el seno de una sociedad irreligiosa que, al vivir encerrada en el plano terrenal, no tiene el derecho de privar al hombre de un bien que para éste es único.”
Así pues, un «no» al patíbulo, motivado no por la fe sino por la irreligiosidad de la vida contemporánea.
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By: Hacia la Segunda Guerra Mundial - Pgina 2 on jueves, octubre 22, 2009
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