Posteado por: B&T | Miércoles, noviembre 20, 2019

El Foro de Sao Paulo nunca pierde, y cuando pierde, arrebata: 2008, Manuel Zelaya, el otro dictador del FSP destituido por el pueblo hondureño

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Título: 2008, Manuel Zelaya, el otro dictador del Foro de Sao Paulo destituido por el pueblo hondureño
Autor: Alejandro Peña Esclusa
Texto que corresponde al capítulo 8 (La OEA se abalanza contra el pueblo hondureño) -incluído parte del apéndice- del libro de Alejandro Peña Esclusa, «El Foro de Sao Paulo. Una amenaza continental». Énfasis añadidos.

La OEA se abalanza contra el pueblo hondureño

Uno de los episodios más repugnantes de la historia reciente es la feroz agresión de la OEA en contra del pueblo hondureño, por haber defendido su Constitución y sus preceptos democráticos.

La crisis que provocó la destitución del ex presidente Manuel Zelaya era más que previsible. Comenzó un año antes, el 25 de agosto de 2008, cuando el mandatario hondureño decidió adherir su país al ALBA.

En ese entonces escribí un artículo titulado “La traición de Zelaya”, donde advertía:

El pasado 25 de agosto, Honduras vivió uno de los días más tristes y bochornosos de su historia, cuando el presidente José Manuel Zelaya firmó el tratado de adhesión a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). Decimos triste, porque ingresar al ALBA significa ceder la soberanía nacional, para entregarla completamente al castrocomunismo cubano; y añadimos bochornoso porque esta entrega se hace a cambio de unos hipotéticos aportes económicos, que no benefician al pueblo, sino a quienes militan en la revolución. De ahora en adelante, José Manuel Zelaya será un presidente decorativo. A partir de ahora, será Chávez quien gobierne a los hondureños, y Zelaya un simple títere. {18}

En efecto, Zelaya quiso reproducir el modelo chavista, que consiste en secuestrar los poderes públicos y perpetuarse en el poder, para lo cual se requiere modificar la Constitución.

La Carta Magna de Honduras contiene lo que se denominan “Artículos Pétreos”, es decir, aquellos que no pueden anularse o reformarse, ni siquiera a través de plebiscitos o referendos.

El Artículo 374 de la Constitución hondureña dice textualmente:

“No podrán reformarse los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República…” {19}

El Artículo 239 establece explícitamente que

“El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos.” {20}

Más claro, imposible. La Constitución ordena que cese de inmediato sin que haya nada de por medio de su cargo no sólo quien pretenda reelegirse, sino todo aquel que se atreva a proponer la reforma de este Artículo.

Pues bien, Zelaya insistió públicamente en proponer la reforma del Artículo 239. Organizó abiertamente un referendo para aprobar dicha reforma. Lo hizo con el apoyo reconocido del gobierno venezolano. Fue advertido por los diputados del Congreso, los magistrados de la Corte, el Fiscal y los integrantes de su propio partido, sobre la ilegalidad que estaba cometiendo; y, aún así, Zelaya siguió adelante con el referendo.

Lo que sucedió después era de esperase. Obligados por la Constitución, el Congreso destituyó a Zelaya de su cargo, la Corte Suprema de Justicia ordenó a las Fuerzas Armadas su detención, y nombraron a un sustituto: Roberto Micheletti, a quien le correspondía por estar de primero en la línea de sucesión.

Acciones perfectamente constitucionales, llevadas a cabo por poderes públicos legítimamente electos en defensa de la democracia hondureña, fueron interpretadas por la OEA como un “golpe militar”.

De nada sirvieron los argumentos y las explicaciones. El Secretario General de la OEA, el socialista José Miguel Insulza, no estaba interesado en escuchar razones de las instituciones, los empresarios, los gremios, la Iglesia, la sociedad civil, los juristas, el propio partido de Zelaya, mucho menos del nuevo gobierno. Insulza insistía en que Zelaya debía regresar al poder, no porque hubiese motivos válidos, sino por ser aliado de los socialistas, que controlan al menos veintiún votos en la OEA.

Seguidamente, los integrantes del Foro de Sao Paulo iniciaron una campaña internacional para presentar a Zelaya el causante de la crisis como víctima de un “golpe militar”; y a Micheletti como a un dictador implacable. El FSP, que sostuvo su XV Encuentro en agosto de 2009, en Ciudad de México, publicó lo siguiente en su declaración final:

El XV Encuentro asumió el compromiso de continuar apoyando la lucha del pueblo hondureño y de exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cese a la represión, la restitución inmediata e incondicional del presidente Zelaya en su cargo, así como del orden constitucional y las libertades políticas. EL XV Encuentro se comprometió a promover la unidad de todas las fuerzas progresistas y de izquierda en Honduras, apoyar la resistencia popular y la opción que la izquierda adopte en las próximas elecciones. {21}

La decisión de los hondureños suscitó las más inexplicables contradicciones: el antiimperialista Chávez, que se caracteriza por denunciar constantemente el intervencionismo norteamericano, pidió a los Estados Unidos intervenir para reponer a Zelaya. El jefe de la dictadura más antigua y deleznable de América, Fidel Castro, salió a defender la “democracia” en Honduras. El “moderado” Lula suspendió el acuerdo migratorio con los hondureños y viajó hasta el África para hacer campaña a favor de Zelaya. Y el gobierno norteamericano, que no ha sancionado a Chávez por sus vínculos con las FARC y con el fundamentalismo islámico, anunció fuertes sanciones contra Honduras.

Frente a la “osadía” de los hondureños, poco importaban las pruebas sobre el avance del narcotráfico durante la gestión de Zelaya, las relaciones de organizaciones pro-Zelaya con las FARC o los videos que mostraban robos multimillonarios por parte de sus funcionarios. Tampoco importaba que hubiese amenazas mucho más graves a las democracias latinoamericanas, como el apoyo financiero y militar que Chávez proporciona a sus aliados, o el acuerdo de cooperación nuclear que firmó Venezuela con Irán.

Los hondureños se habían convertido, sin siquiera imaginárselo, en las más “grave amenaza” para el continente americano. Surge la interrogante: ¿Por qué?

La respuesta es sencilla. Sin percatarse, los hondureños diseñaron un modelo pacífico, democrático y constitucional para deponer a presidentes que quisieran violar la Constitución y perpetuarse en el poder, como lo han hecho Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, y como pretende hacerlo Daniel Ortega.

Los integrantes del ALBA temen que sus respectivos pueblos sigan el ejemplo de los hondureños y que den al traste con el Socialismo del Siglo XXI. De allí la necesidad de aplastar a los hondureños, aunque sean inocentes de toda culpa.

En cuanto al gobierno de los Estados Unidos, actúa contra Honduras, primero, porque no acepta que una nación iberoamericana decida su propio destino sin consultarle; y segundo, por las tendencias socialistas del propio Obama. Podría decirse que Obama es la versión norteamericana de Lula; es decir, un socialista aparentemente moderado.

 

Apéndice

-Acusado Evo Morales por delitos de lesa humanidad-

Washington, 23 de junio de 2009. Representantes de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) latinoamericanas acudieron esta mañana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ubicada en esta capital, para acusar al gobierno boliviano por delitos de lesa humanidad. Dichas ONGs están adscritas a la Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica. El pasado mes de marzo, activistas de derechos humanos provenientes de Argentina, Colombia, Venezuela y Uruguay, realizaron un informe exhaustivo sobre los hechos de violencia suscitados en septiembre de 2008 en la provincia de Pando, y concluyeron que las masacres perpetradas en El Porvenir y en Cobija fueron planificadas y ejecutadas por funcionarios del gobierno boliviano, entre ellos el Vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y con pleno conocimiento del presidente Evo Morales. UnoAmérica publicó ayer en su página electrónica un resumen de la acusación, donde afirma que: “Primero, la agresión fue planificada; segundo, la incursión fue nocturna; tercero, los agresores eran foráneos; cuarto, se usaron tácticas militares; quinto, el objetivo era asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la población por su forma de pensar (opositores al gobierno); sexto, se violó el derecho al juicio justo y al debido proceso; séptimo, se negó el derecho a la información (Habeas Data); y octavo, en algunos casos, los cuerpos de seguridad del Estado usaron armas de guerra para agredir a ciudadanos civiles desarmados, y en otros, hubo omisión cómplice por parte de los funcionarios militares y policiales”.1 En ese entonces, el gobierno boliviano culpó a la oposición de la violencia, particularmente al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien todavía permanece encarcelado injustamente hasta la fecha. UnoAmérica asegura que “planificar enfrentamientos violentos y culpar posteriormente a la oposición para así criminalizarla y perseguirla se ha convertido en un modus operandi del gobierno de Evo Morales. Hechos similares a los de Pando ocurrieron anteriormente en Cochabamba y en Sucre”. 2 La acusación fue introducida en la sede de la CIDH por el diputado Wálter Arrázola Mendivil (Bolivia), el abogado y defensor de derechos humanos Jaime Arturo Restrepo (Colombia), el activista de derechos humanos Iván Restrepo (Colombia), y el presidente de UnoAmérica, Alejandro Peña Esclusa, en representación de las ONGs que elaboraron el Informe. El documento fue redactado por el Dr. Jaime Arturo Restrepo y está suscrito por: la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (Perú), la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana, el Centro de Estudios por los Derechos Humanos de Uruguay, la Federación Verdad Colombia, la Fundación Orión (Venezuela), el Movimiento por la Verdadera Historia (Argentina), la ONG 1810 (Argentina), la Asociación Civil Fuerza Solidaria (Venezuela), el diputado Wálter Arrázola Mendivil (Bolivia), la Dra. Gra§a Salguero (Brasil), la Dra. María Fernanda Cabal (Colombia), el Dr. Marcelo Cypriano Motta (Brasil) y el Sr. Josué Meneses (Perú).

-Hondureños hacen 10 preguntas a cancilleres de la OEA-

La Unión Cívica Democrática (UCD), organización que representa a la sociedad civil de Honduras, recibió a los cancilleres de la OEA, quienes visitaban ese país en agosto de 2009, con diez polémicas preguntas, que publicaron en los medios de comunicación. Estas preguntas ponen en entredicho las verdaderas intenciones de la organización regional.
Diez preguntas para la comisión de cancilleres que visita honduras en nombre de la organización de estados americanos:

¿Por qué la OEA…

1. Rechaza la sucesión constitucional en Honduras, pero avala el fraude electoral en Nicaragua y la reelección indefinida de Chávez?
2. Predica la no injerencia en los asuntos internos de las naciones, a la vez que interfiere en los procesos constitucionales y democráticos de la República de Honduras?
3. Critica los cuerpos de seguridad hondureños, pero ignora la feroz represión que existe en Venezuela contra la oposición?
4. Pretende ser campeón del imperio de la ley, cuando ignora la Constitución de Honduras, la cual fue violada repetidamente por Zelaya?
5. Critica la presunta represión mediática en Honduras, pero calla ante el cierre masivo de emisoras radiales en Venezuela, y calla ante la amenaza del gobierno de Ecuador de hacer lo mismo?
6. Predica la defensa de la democracia, cuando permite que gobiernos supuestamente democráticos apoyen el tráfico de drogas, el cual tanto daño hace a las verdaderas democracias?
7. Condena la operación Fénix, llevada a cabo por el gobierno de Colombia en contra de un grupo terrorista, pero no cuestiona el hecho que lanzacohetes vendidos a Venezuela terminaron en manos de las FARC?
8. Pretende apoyar una solución a través de mediación, pero perdona para que se acepten términos impuestos y no negociados?
9. Cuestiona las medidas de seguridad del gobierno de Honduras, pero ignora los repetidos llamados de Zelaya a la insurrección y a la violencia que ha resultado en pérdidas de vida?
10. Proclama solidaridad con el pueblo hondureño, pero se rehúsa a escuchar a los sectores mayoritarios de la sociedad hondureña, que rechazan categóricamente a un líder corrupto y fracasado, quien repetidamente ha demostrado que valora sus propios intereses más que los de su pueblo? En nombre de la sociedad civil de Honduras, la Unión Cívica Democrática les solicita a los honorables cancilleres que nos visitan que le den una explicación pública al pueblo hondureño para cada una de estas preguntas. Que dichas explicaciones sirvan para que todos los ciudadanos del continente americano entiendan las motivaciones que impulsan al órgano que los representa.1 Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, 23 de agosto de 2009.

Referencias

{18} Disponible en: http://fuerzasolidaria.org/?p=679
{19} Constitución de la República de Honduras, disponible en: http://www.honduras.net/hondurasconstitution2.html
{21} Declaración Final del XV Encuentro del Foro de Sao Paulo. Disponible en: http://www.pt.org.br/portalpt/index/php? option=com content&task=view&id=81039&Itemid=195

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